La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó y despachó a sala el proyecto que obliga a Carabineros y la PDI a efectuar registros audiovisuales en sus actos policiales. El financiamiento contempla un gasto anual de más de 7.400 millones de pesos.
Los recursos financiarán la contratación del servicio, que incluye el arriendo de 4.443 dispositivos, almacenamiento y streaming. El costo aproximado por aparato es de 1 millón 600 mil pesos.
Específicamente, se proyecta destinar 2.123 videocámaras a Carabineros y 2.310 a la PDI. En particular, se aplicarán a las unidades de drogas, investigación criminal y de robos y delitos violentos.
Sin embargo, algunos diputados de oposición cuestionaron la cuantía de los fondos implicados para los dispositivos de registros audiovisuales. Igualmente, que no se entregue el detalle de cómo se determinó el costo de los aparatos, por lo que se abstuvieron hasta que se entregue la información en la Sala.
Durante el debate y votación de esta iniciativa, el diputado Miguel Mellado (RN) consultó sobre las características técnicas y si se consideró una licitación pública para ello.
Al respecto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo que la estimación presupuestaria estuvo a cargo de Carabineros. Según precisó, es la institución especializada en materia de seguridad y en el sistema de telecomunicaciones.
Explicó que el arriendo se considera por la obsolescencia tecnológica de los equipos. Además, porque en caso de desperfecto, se produce el reemplazo de los dispositivos de manera inmediata.
Por su parte, el diputado Jaime Naranjo (PS) consideró que se pide un detalle exagerado y llamó a no dudar de todo lo que se presenta.
Mientras, el diputado Carlos Bianchi (IND) presentó una indicación para que se informe de manera trimestral a las comisiones de Hacienda y de Seguridad Ciudadana sobre la ejecución de los recursos asociados por la ley. Dicha propuesta se aprobó en forma unánime.
El subsecretario Monsalve explicó que se presentaron indicaciones del Ejecutivo a la propuesta de ley original, que tenía como fin la obligación de contar con registros audiovisuales en todas las actuaciones policiales. Especificó que ello se restringió por razones presupuestarias a ciertas unidades de Carabineros y la PDI.
En ese plano, ciertos funcionarios de ambas instituciones deberán utilizar “siempre” el registro, a excepción de que ocurra una urgencia en el procedimiento o una falla técnica.
DISPOSICIONES DE LA NORMA
La norma establece que en todas las actuaciones que desempeñe la policía en el procedimiento penal, deberán utilizar videocámaras para grabar imágenes y sonidos, sea en lugares públicos o de libre acceso al público o lugares cerrados.
Adicionalmente, en atención al derecho de reunión, se establece la misma obligación con ocasión de manifestaciones en el espacio público, a objeto de garantizar la idoneidad en los procedimientos. Esto, sin que afecten la esencia del ejercicio del derecho.
Las imágenes y/o sonidos obtenidos deberán entregarse al Ministerio Público. Si son obtenidos en lugares o situaciones distintas o si no resultan útiles para la investigación, se destruirán transcurridos dos años desde su captura.
A su vez, se sancionará a los funcionarios policiales que modifiquen, oculten, eliminen o alteren de cualquier forma los sistemas de registro y almacenamiento audiovisual.
