Debido a las actividades mineras a 1,5 km de Colliguay, en la comuna de Quilpué, llevadas a cabo por la minera La Carmelita, los diputados Diego Ibáñez y María Francisca Bello, junto a la consejera regional María Elena Rubilar y la concejala Paula Castro, oficiaron a la Municipalidad de Quilpué y la Seremi de Vivienda de Valparaíso para verificar si las operaciones cumplen con la Ley de Urbanismo y cuentan con los permisos correspondientes de la Dirección de Obras Municipales (DOM).
La CORE Rubilar destacó que “el oficio busca determinar si las construcciones auxiliares del proyecto, como oficinas y comedores, cuentan o no con el respectivo permiso de construcción de la Dirección de Obras”, agregando que “también podrá ser una vía a explorar para ir buscando una salida o una paralización de este proyecto, faenas que ya han comenzado por los demás”.
La solicitud, enviada esta semana, se basa en el artículo 116 del DFL 458, que exige permisos de la DOM para obras. Los proyectos mineros aprobados en 2024 incluyen instalaciones auxiliares que requieren autorización municipal.
Por su parte, la diputada Bello enfatizó que “es inaceptable que actividades de alto impacto como estas avancen sin un control adecuado”.
“Lo que está en juego es el bienestar de las familias de Colliguay, el equilibrio ambiental y el respeto por la normativa vigente”, añadió la parlamentaria, quien destacó que “mi prioridad es velar por la seguridad de las comunidades y evitar que estos proyectos mineros pasen por alto regulaciones esenciales”.
El oficio pide a la Municipalidad de Quilpué informar sobre los permisos de los proyectos mineros, fiscalizar y paralizar obras si no cumplen con la normativa. También solicita a la Seremi de Vivienda verificar si estas actividades cumplen con la Ley de Urbanismo.
