A más de tres meses del fallo dictado por la Corte de Valparaíso que ordena en cuatro meses el desalojo de la toma del cerro La Virgen en San Antonio, surgen cifras que dan cuenta del explosivo crecimiento que este asentamiento ilegal experimentó en el último año, mientras el recurso de protección se tramitaba.
De acuerdo con el director del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) en la Región de Valparaíso, Rodrigo Uribe, desde 2022 a la fecha, pasó de tener 2.881 familias a más de 5.600, con un estimado de 15 mil ocupantes. La toma partió en octubre de 2019, al inicio de la revuelta social.
Según consigna El Mercurio este miércoles, pese a que se trata de una orden judicial que reprochó la ocupación como “espuria y contraria al Estado de Derecho”, el presidente de esa instancia parlamentaria, Tomás Hirsch (Acción Humanista), calificó de “delirante” solo intentar un desalojo de esa magnitud.
“Creo que en eso (la necesidad de frenar el desalojo) coincidimos todos y todas en que es imposible siquiera pensar en un desalojo de 15.000 personas. Francamente, es delirante la idea… Tampoco es aceptable el desalojo de un porcentaje o de un pequeño número, dadas las condiciones en las cuales están las familias”, expresó en la última sesión (miércoles pasado). Según los dirigentes del campamento, el 33% de los habitantes son niños y el 27% son extranjeros, muchos indocumentados.
En tanto, el abogado de los dueños de las 204 hectáreas de terreno, Diego Pereira, deploró las declaraciones de Hirsch, dado que aluden en forma crítica a un poder del Estado, independiente del Legislativo, como es el Judicial. “Me parece una pésima señal, viniendo de un diputado de la República. Más aún en plena discusión sobre el veto dispuesto por el Ejecutivo a la nueva ley de usurpaciones”, aseveró.
El profesional precisó que la situación está obligando a su representado a tener que aceptar vender los terrenos al Estado, dado el conflicto “social generado y puesto que la usurpación siguió creciendo sin freno mientras el caso estuvo judicializado.
De hecho, hizo una oferta de $38 mil millones por las 204 ya ocupadas, lo que aseguró es un 30% bajo el valor comercial e incluso bajo la tasación por hectárea que hizo el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en su momento, cuando quería expropiar un tramo para el nuevo acceso al puerto de San Antonio.
“El escenario ideal es recuperar los terrenos de la empresa, ejecutar los proyectos que estaban previstos (iniciativas privadas de viviendas sociales). Pero entendemos que dada la cuantía de personas que habitan, es muy difícil. Nos han orillado a llegar a un acuerdo que, desde el punto de vista de la dificultad, del cumplimiento del fallo, estamos dispuestos a aceptar”, dijo Pereira.
